El Consejo de Ministros ultima un decreto con medidas para agilizar los ERTE, facilitar el cobro de la prestación por desempleo y lanzar avales para garantizar la liquidez a las pymes
200.000 millones de euros. Casi el 20% del PIB. Cuesta imaginarla. Supera con mucho lo que España gasta en un año en pagar todas las pensiones públicas. Pero esa cifra, la cantidad que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende movilizar entre fondos públicos, 117.000 millones, y privados, da una idea del golpe que se espera que aseste la crisis sanitaria del coronavirus a la economía española. Un banquero de inversión habla este martes de un impacto equiparable al de un meteorito. “Son días muy duros”, ha argumentado Sánchez cuando ha salido a explicar las medidas que componen el segundo paquete de alivio.
“Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha añadido el presidente, antes de desgranar un paquete que pretende, en primer lugar, “dar a las empresas toda la liquidez que necesiten” con una “línea de avales de hasta 100.000 millones”. “El resto se completará con recursos privados. Será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”, ha añadido. La liquidez de las empresas es una de las obsesiones que han mareado a los dirigentes de la política económica en la última semana. Basta ver los 300.000 millones que ha puesto sobre la mesa Alemania, con un PIB tres veces superior al español.
El objetivo es que esta crisis provocada por el coronavirus sea un paréntesis, cuanto más breve mejor, no se lleve por delante a las empresas o, al menos, al menor número posible de ellas. Aunque como el propio Sánchez ha admitido en su comparecencia, hacer pronósticos sobre cuánto va a durar es difícil: “Andamos por un camino plagado de sombras”. Para eso, el Ejecutivo ha aprobado, “probablemente, el mayor que se ha aprobado en la democracia para dar un escudo social al país”.
Esta sería la medida más destacada y sigue la estela de lo que se aprobó hace ya días en Italia y ayer en Francia. Formaría parte del “escudo social”, la línea de apoyo a familias que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado al comprometerse a aprobar este martes un segundo paquete de medidas económicas en cuatro líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE), apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad “y a la emergencia económica derivada del coronavirus”, medidas para garantizar la liquidez de las empresas y una última para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus. Esa moratoria tendrá una duración de uno a tres meses, según las fuentes consultadas.
Con la moratoria hipotecaria, pretende proteger a aquellos que queden en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria, pero no es la única para esto. El decreto incluye también la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. El Consejo de Ministros ha debatido también si ampliar la moratoria a los alquileres, pero de momento no hay acuerdo en ese punto, informan fuentes oficiales.
Líneas de avales de hasta 100.000 millones
Pero hay más. El decreto activa una línea de avales y garantías de 100.000 millones, aunque esa cifra está en discusión hasta el último momento, para evitar que las empresas cierren la persiana por falta de liquidez. El Gobierno también ha aprobado medidas en las otras líneas anunciadas por Sánchez. La principal es la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que permita el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos y sin consumir los derechos de prestación ya acumulados. El texto incluye una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75% para el resto de las empresas, pero esas cifras están siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas. Y medidas para las cuotas de autónomos que sufran desplome de su cifra de negocio.
Adaptación de las jornadas laborales
La previsión es que se permita a los trabajadores la adaptación de su jornada laboral, o reducirla incluso hasta el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo “siempre que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia”. Este derecho sería individual de cada uno de los progenitores.
El objetivo de estas medidas, explica el borrador, es configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por faltas de asistencia de los trabajadores ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo.
El texto establece algunas de las medidas que habían demandado sindicatos y empresarios. Una es esa flexibilización de los ERTE y otra el reconocimiento de la prestación de desempleo sin periodos mínimos de cotización ni mengua de derechos acumulados.
Las fuentes consultadas apuntan que ese decreto es un primer paso, para paliar la destrucción de empresas y ayudar a los colectivos más afectados por el coronavirus. Economía prepara, además, una segunda intervención con medidas keynesianas, que se activarán cuando el contagio del virus esté más controlado. Se trata así de activar una intervención en dos fases, según fuentes del Gobierno, ante el alud de despidos y el desplome del PIB en el segundo trimestre del año.
Esa gran cantidad de dinero se concreta en un real decreto de 45 páginas, según una de las últimas versiones, para evitar la destrucción de tejido productivo y activar medidas de protección social para los colectivos más desfavorecidos. “España recorre un camino plagado de sombras y de incertidumbre”, ha continuado Sánchez en otra frase dirigida a concienciar a la población de la dureza de la situación.
El decreto aprobado incluye una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados de la Covid-19. La medida está pensada, según explican fuentes gubernamentales, para trabajadores que pierdan su empleo por la crisis desatada por el coronavirus y autónomos que sufran una caída drástica de sus ingresos por la crisis.
