De izquierda a derecha: Ignacio Ripol, director de Mercantil de Grant Thornton; Joan Saula, Socio de Legal de Grant Thornton; Álvaro Rodríguez, Socio director de Legal de Grant Thornton; José Manuel Soria, Socio de Grant Thornton Cuyás & Soria; Sánchez Tinoco, presidente de la Cámara de Gran Canaria; Luis Padrón, secretario general de la Cámara, Nicolás González, Catedrático de Derecho Procesal; Salvador Cuyás Jorge y Salvador Cuyás Morales, Socios de Grant Thornton Cuyás & Soria.
Grant Thornton Cuyás & Soria ha organizado dos importantes foros en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, centrados en analizar las últimas tendencias y retos en materia de cumplimiento -compliance- para las empresas canarias. De hecho, desde que el pasado 4 de marzo el Gobierno aprobara un Anteproyecto de Ley sobre la materia, que traspone una directiva europea, las empresas, incluidas las canarias, de más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un modelo de cumplimiento normativo.
El encuentro, organizado de la mano de Cámara de Comercio de Gran Canaria y de la de Santa Cruz de Tenerife, ha contado con la presencia de varios Socios e integrantes del equipo de Legal de Grant Thornton en la Península, junto con los propios Socios canarios de la Firma, José Manuel Soria y Salvador Cuyás. La jornada ha contado, además, con un invitado de lujo, el Catedrático de Derecho Procesal, Nicolás González Cuellar, que ha contextualizado la importancia del cumplimiento normativa en la regulación empresarial de nuestro país.
Además, ha analizado los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a las reformas de 2010 y 2015 del Código Penal, a la vez que ha explicado en qué consisten principalmente los planes de prevención de delitos. “Hay determinadas conductas que deben ser detectadas y criminalizadas y, para ello, es esencial contar con un plan de Compliance”, advirtió.
Uno de los elementos más importantes que estos nuevos esquemas de cumplimiento introduce es la obligatoriedad de implantar un adecuado canal de denuncias en las empresas canarias, como una herramienta clave y eficaz para la detección de prácticas de corrupción, fraude o cualquier tipo de conducta irregular. Los expertos han apuntado que estas tecnologías “suponen un claro beneficio para el buen funcionamiento de las compañías al evitar daños económicos y reputacionales”.
En concreto, el equipo experto legal de Grant Thornton, formado por Álvaro Rodríguez, Joan Saula, José Manuel Soria, Ignacio Ripol y Salvador Cuyás, ha incidido en la importancia de “contar con un modelo integral de cumplimiento normativo adecuado a cada empresa, independientemente de su tamaño y sector, aprovechando tecnologías Blockchain, como el canal de denuncias”.
La nueva regulación española en esta materia, que procede de Europa, se concreta en un Anteproyecto de Ley que es incluso más exigente, porque incluye multas de entre 600.000 y 1.000.000 de € para aquellas compañías que no cuenten con canales de denuncia efectivos a partir de 2023.
El director de Mercantil de Grant Thornton, Ignacio Ripol, ha expuesto que “estos canales de información deben cumplir una serie de requisitos en materia de seguridad de la información, protección de datos de carácter personal, seguimiento e investigación de la denuncia, además de asegurar el anonimato”. Ignacio instó a contar con ayuda externa en la gestión de las denuncias a fin de “garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales”.
Por su parte, Joan Saula, Socio de Legal de la Firma, afirmó que la “transparencia es uno de los factores que asegura el éxito en cualquier tecnología o proceso empresarial”. Por ello, explicó que, en muchas ocasiones, los canales de denuncias puestos en marcha dentro de las organizaciones no están bien gestionados o adolecen de un sistema imparcial de seguimiento de la infracción y gestión de la denuncia: “Si tenemos en cuenta los datos de aquellos países que cuentan con una norma en materia de canales de denuncia, en 1 de cada 3 se detectan infracciones graves, y más de la mitad de estas denuncias son relevantes o significativas”, apuntó Joan, que ha asegurado que con un sistema eficaz, como el que ofrece Grant Thornton, “se detectan un 80% de las irregularidades”.
Por último, el socio director de Legal en Grant Thornton, Álvaro Rodríguez, ha recordado la importancia de tomarse en serio desde las empresas las estructuras de cumplimiento normativo, ya que pueden ser gravemente sancionadas por omisiones: “Pueden ser declaradas responsables penalmente por las infracciones cometidas por su cuenta, por sus representantes legales y directivos o, incluso, por quienes dependen de ellos en aquellos casos en que se hubiera omitido la supervisión adecuada”.
La organización de estos dos primeros encuentros, que han contado con una nutrida asistencia de empresas y contactos interesados, forman parte del nuevo plan de posicionamiento, imagen y promoción de la nueva oficina de Grant Thornton Cuyás & Soria, que ha comenzado a operar uniendo la fuerza local de Cuyás Abogados y José Manuel Soria, con el prestigio y el alcance global de una firma internacional como Grant Thornton.
“Tenemos una doble vocación; por una parte, prestar todos los servicios que presta Grant Thornton a nivel nacional, como auditoría, asesoría legal y fiscal, advisory, consultoría estratégica y transformación digital. Estos servicios serán prestados con los medios materiales y humanos de Grant Thornton Cuyás & Soria y con el apoyo de todo Grant Thornton en España y en los 140 países donde está presente la Firma, cuando así se requiera”, explicaron tanto José Manuel Soria como el Socio Salvador Cuyás.
Ambos Socios resaltaron que, “como segunda vocación, queremos organizar cada cierto tiempo una sesión-foro como los dos que hemos organizado esta semana en Las Palmas y Tenerife, que verse sobre un tema de actualidad que afecte a la empresa, sobre el que podamos dar respuesta y que pueda ser, además, de interés para la empresa canaria”.
