Grant Thornton analiza en su nuevo informe el plan BEPS, concebido para luchar contra la erosión de bases imponibles, la planificación fiscal agresiva y la transferencia artificial de beneficios empresariales.
¿Qué aspectos del plan BEPS han recabado mayor apoyo de los Gobiernos y consenso internacional a la hora de cumplir sus objetivos? ¿Qué aspectos siguen sin materializarse?
Uno de sus éxitos, sin duda, ha sido la adopción de la declaración país por país en numerosas economías del mundo, entre las que se encuentran Canadá, China, India, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, esta implantación no ha despejado el camino para una fiscalidad homogénea de las multinacionales, ya que el plan se ha enfrentado a numerosas barreras de proteccionismo, a políticas locales ya existentes y a prioridades económicas distintas.
La aplicación asimétrica, que ha marcado parte de las 15 acciones del Plan BEPS como prioritarias y otras no, es una línea roja a superar para frenar las prácticas fiscales nocivas, impedir el uso abusivo de convenios fiscales y mejorar la resolución de controversias transfronterizas de índole fiscal. Según Eduardo Cosmen, socio director de Tax & Legal de Grant Thornton “muchas de las recomendaciones todavía están esbozándose, por lo que aún queda mucho camino para su adopción generalizada”.
Junto a la declaración país por país, el Plan BEPS también ha inspirado la Directiva contra la elusión fiscal de la Unión Europea, conocida como ATAD por sus siglas en inglés. Esta norma desarrolla recomendaciones de mejores prácticas (normas de CFC) y enfoques comunes (restricciones a las deducciones de intereses), incorporándolas a sus requisitos mínimos. “Las nuevas disposiciones sobre intereses suponen un importante cambio para las empresas y puede que marquen el inicio de un periodo en el que la deuda corporativa se considera inherentemente “negativa” en comparación con la financiación vía capital”, apunta Eduardo Cosmen.
¿Qué aspectos del plan BEPS no avanzan?
Muchos aspectos están sujetos a consultas internacionales, sobre todo elementos intangibles difíciles de valorar. Según Juan Martínez, socio de Tax & Transfer Pricing de Grant Thornton, “todavía se carece de medidas claras en ámbitos clave como precios de transferencia y al modo en que los beneficios deberían imputarse a sucursales extranjeras”. Además, prosigue “no se ha mostrado ni urgencia ni un criterio consensuado en las medidas dirigidas a ofrecer normas fiscales más pertinentes para la economía digital, quedando aparcados por ahora por la mayoría de países”.
Siguiendo el análisis de Grant Thornton, algunas normas carecen de solidez, lo que ha propiciado que varios países incorporen sus propios retoques y matices. Esta realidad podría imponer cargas inoportunas adicionales a las empresas. Además, “cuanto más lento avance el conjunto de los países, mayor será el riesgo de que algunos rompan filas y apliquen su propia interpretación. En lugar de mejorar la coherencia, el resultado resal podría ser un mosaico de normales locales aún más compleja”, recalca Eduardo Cosmen.
Patrones de aplicación
La adopción de BEPS tiene aún un largo recorrido por delante, pero empiezan a surgir determinados patrones. Numerosos países han coincidido en abordar ya los mecanismos híbridos asimétricos, limitando las deducciones de intereses y, mediante una actualización de las normas CFC, restringiendo el traslado de beneficios a jurisdicciones con una tributación menor. “La armonización lograda mediante la ATAD 1 y la ATAD 2 de la Unión Europea demuestra que, cuando existe voluntad política, puede lograrse el consenso necesario con rapidez”, apunta Juan Martínez, socio de Tax & Transfer Pricing de Grant Thornton.
La adopción del plan BEPS se encuentra “fragmentada”, según las conclusiones del informe de Grant Thornton, pero “las autoridades fiscales pueden actuar en grupo cuando sea necesario. Ante los profundos cambios que se avecinan como la reforma fiscal prevista en Estados Unidos y los cambios resultantes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la fiscalidad es un punto clave que deben enfrentar las multinacionales en los próximos años”, aconseja Juan Martínez, socio de Tax & Transfer Pricing de Grant Thornton.
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