El 26 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de la Palma.
Dicho Real Decreto-Ley, que entró en vigor el 27 de junio, busca dar respuesta a las circunstancias extraordinarias de los últimos tiempos, y lo hace mediante la implementación de nuevas medidas, así como a través de la prórroga de algunas otras adoptadas con anterioridad a través de diferentes instrumentos normativos.
En el citado texto legal se incorporan una serie de actuaciones y medidas de naturaleza laboral y social, de las que se destacan las siguientes:
- Se prorroga la prohibición de despedir por causas objetivas basándose en el aumento de costes energéticos, para empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-Ley 6/2022. Esta prohibición se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. El incumplimiento de esta medida acarreará la devolución de las ayudas recibidas en este ámbito. También, se reitera la prohibición de despido, siempre y cuando la empresa se encuentre o se haya encontrado en situación de ERTE (parcial o total) causado por la situación en Ucrania, beneficiándose del apoyo público.
- Se establece el incremento extraordinario del Ingreso Mínimo Vital en un 15%, de abril a diciembre de 2022, ambos meses incluidos.
- Se incrementan en un 15% extraordinario las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez) de la Seguridad Social, de julio a diciembre de 2022, ambos meses incluidos.
En relación a la situación de la isla de La Palma, se toman las siguientes medidas:
- Se prorrogan los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2022 las prestaciones por cese de actividad de aquellos autónomos que la vinieran percibiendo como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma durante 6 meses.
- El pago de las cuotas a la Seguridad Social, cuyo devengo se produzca en julio y agosto para las empresas, y en julio, agosto y septiembre para los trabajadores autónomos, se podrá aplazar en los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2021.
Asimismo, el Real Decreto-Ley 11/2022 prevé otro tipo de medidas colectivas que buscan paliar la situación económica actual y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, se establece la posibilidad extraordinaria de suspensión de algunos procedimientos de desahucios, y se crea una línea directa de ayuda de 200 €, en pago único, a favor de personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Como requisitos para esta última medida se establecen unos ingresos inferiores a 14.000 € anuales en 2021 y un patrimonio inferior a 43.196,40 €.
