El Comité Europeo de Derechos Sociales, en una decisión publicada el pasado día 29 de julio de 2024 en la que respondía a la reclamación planteada por UGT, concluyó que la legislación española no protege de manera suficiente a las personas trabajadoras en los supuestos de extinción de la relación laboral sin razón válida e infringe con ello la Carta Social Europea Revisada.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, publicado el 12 de julio de 2024, y que entrará en vigor el 2 de agosto de 2026, busca promover el desarrollo responsable de la IA en la UE. Una de sus principales medidas es la clasificación de los sistemas de IA según el riesgo que representan para las personas, destacando los de alto riesgo, como aquellos utilizados en la selección de personal, toma de decisiones laborales y reconocimiento de emociones. Estos sistemas deben cumplir con estrictos requisitos, incluyendo gestión de riesgos, transparencia, supervisión humana y ciberseguridad.
La Ley Orgánica 2/2024, publicada el 2 de agosto de 2024, modifica el Estatuto de los Trabajadores para exigir la representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de representación, gobierno y administración de las asociaciones empresariales. A partir del 22 de agosto de 2024, estos órganos deberán garantizar que ningún sexo supere el 60% ni sea menos del 40%. Si no se alcanza el 40% del sexo menos representado, se deberá justificar y adoptar medidas para corregirlo. La paridad será obligatoria en la negociación de convenios colectivos en distintos ámbitos empresariales.
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El Gobierno ha aprobado la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar la extinción automática de la relación laboral por reconocimiento de Incapacidad Permanente, así como la referencia a la extinción automática por Invalidez, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal. De esta forma, la posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora.
La Orden ISM/812/2024, publicada el 1 de agosto de 2024, reduce el coste de los convenios especiales con la Seguridad Social para cotizar por prácticas formativas, permite suscribir convenios adicionales, facilita el pago en hasta 84 mensualidades, y amplía el plazo para suscribir el convenio hasta el 31 de diciembre de 2028.
La Audiencia Nacional determina que el alta hospitalaria no conlleva la terminación del permiso retribuido por hospitalización mientras el causante se encuentre en situación de reposo domiciliario prescrito.
El Tribunal Supremo consagra el derecho a un salario de igual valor entre trabajadores discontinuos y continuos cuando realicen el mismo trabajo. Matizando que tan solo cabrán diferencias salariales cuando se encuentren justificadas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la extinción colectiva de contratos de trabajo por jubilación del empresario adquiere la consideración de despido colectivo y deberían someterse a consulta con los representantes legales de las personas trabajadoras.
