Hoja de ruta de la OCDE - Principales avances
Entre los últimos avances se incluye la limitación del ámbito de aplicación a las grandes empresas que lleven a cabo actividades B2C ("business-to-consumer"). Asimismo, parece que se recupera el principio de plena competencia o arm’s length, después de que pareciera condenado a la desaparición en las propuestas anteriores, aunque se trata solo de un indulto parcial.
Sin embargo, la sensación de alivio en las multinacionales de mediano tamaño probablemente se vea atenuado por la continua incertidumbre existente sobre el tipo de actividades comerciales y el tamaño de las empresas que se verán afectadas. Además, con independencia de lo que finalmente acuerde la OCDE, dicho acuerdo será solo una recomendación, y serán los gobiernos quienes tengan que elaborar sus propias medidas, aumentándose así el riesgo de doble imposición y controversias entre territorios.
¿Cuáles son las propuestas?
El 9 de octubre de 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó su último intento para encontrar una solución viable con respecto a las controvertidas cuestiones de la fiscalidad digital. Tras la radical propuesta presentada en mayo, que habría afectado prácticamente a todas las empresas, las nuevas propuestas del Pilar 1 (atribución de beneficios y nuevas normas sobre el nexo o criterio de sujeción) parecen limitarse a las grandes empresas que interactúan con consumidores.
La OCDE ha hecho un esfuerzo para sacar del ámbito de aplicación a la mayoría de las pequeñas empresas, lo cual incluye la creación de un umbral combinado de facturación a nivel de grupo - que se fija preliminarmente en 750 millones de euros, de acuerdo con los informes país por país - si bien se trata solo de una propuesta a valorar. Si este importe de 750 millones de euros se convirtiera en norma general, un buen número de multinacionales de tamaño medio se verían afectadas, en lugar de aplicarse solo a las grandes empresas tecnológicas. Además, al igual que los informes país por país, los distintos países tienen la posibilidad de reducir este umbral, como anuncio España, lo cual implica que aquellas empresas que no cuenten con el correcto asesoramiento fiscal, no solo nacional sino internacional, tendrán dificultades para responder de forma oportuna a las exigencias adicionales.
La OCDE también ha tratado de mantener algunos elementos del principio de plena competencia, con un suplemento para las empresas que estén bajo el ámbito de aplicación. El enfoque sugerido consiste en una combinación del beneficio residual y una atribución basada en fórmulas para cada mercado de consumo en función de los niveles de ventas. Esta atribución podría calcularse utilizando los estados financieros consolidados. Las nuevas propuestas reconocen la necesidad de realizar una aplicación simultánea y de adoptar un mecanismo eficaz de resolución de controversias para que sea viable. Ambas necesidades requerirían a su vez un alto nivel de consenso entre jurisdicciones que podrían tener prioridades diferentes -o contrapuestas- y que aplicarían fórmulas distintas.
¿Cuáles son los próximos pasos?
El periodo de consulta se cierra el 12 de noviembre de 2019. A continuación se celebrará una reunión consultiva en París durante los días 21 y 22 de noviembre. La OCDE sigue teniendo como objetivo alcanzar un acuerdo político que presente la arquitectura básica de la política tributaria a principios de 2020. Esto allanaría el camino para que se lleve a cabo el trabajo técnico detallado durante el año.
Se espera que algunas de las incertidumbres identificadas en las propuestas de la OCDE puedan aclararse durante el periodo de consultas y la posterior revisión de las respuestas.
¿Qué impacto tiene para su negocio?
El importante giro planteado por la OCDE entre la propuesta de mayo y la de octubre implica que el marco propuesto deja de ser una transformación para el conjunto de la economía y pasa a ser un reto que deberán abordar determinadas empresas. Sin embargo, las dudas existentes en torno a las últimas recomendaciones (por ejemplo, la incierta línea que separa las actividades B2C de las actividades B2B) y la aplicación práctica de las nuevas normas sobre el terreno (por ejemplo, con umbrales de facturación más bajos) conllevan el riesgo de asumir que su organización quede fuera del ámbito de aplicación cuando en realidad no lo esté.
Tres medidas para poner a punto su negocio
- Analice el impacto de las propuestas, no sólo en términos de volúmenes y ubicación de la imposición tributaria, sino también de las necesidades y costes de cumplimiento. En el marco de esta evaluación, es importante entender y planificar múltiples eventualidades.
- Revise la estructura de su organización y de las cadenas de suministro para tener en cuenta la fiscalidad digital y su evolución en su sentido más amplio, incluidos los aranceles.
- Reduzca el creciente riesgo de controversias al contar con datos actualizados (es decir, justificaciones objetivas y debidamente respaldadas, para no tener que responder de manera apresurada ante una posible investigación), reforzando la documentación en ámbitos como los precios de transferencia y reduciendo la incertidumbre a través de medidas como las APAs (acuerdos previos de valoración). Si bien las APAs unilaterales han tenido menor aceptación que sus homólogos bilaterales o multilaterales (debido a cuestiones de ayudas estatales o al resultado del paquete BEPS), puede que vuelvan a recuperar su importancia si se producen avances unilaterales en materia de fiscalidad digital.
Esperamos que esta actualización le haya resultado de utilidad. Si desea analizar cualquiera de estos temas con más detalle o si necesita ayuda para analizar el impacto de estas propuestas en su empresa, póngase en contacto con Juan Martinez, socio de Precios de Transferencia de Grant Thornton España y/o cualquiera de las personas de contacto indicadas en el artículo o consulte con su oficina local de Grant Thornton.
