Añadir valor a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo a través de los últimos avances fiscales.
Los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) se han convertido en un componente vital de los negocios, con un creciente escrutinio sobre las empresas para que alcancen objetivos relacionados con la sostenibilidad. ¿Quieres descubrir cómo aportar valor a tu estrategia ESG a través de los últimos avances fiscales y de ESG globales? Acompáñanos en nuestro análisis.
Los factores ESG nunca han sido tan importantes para el éxito a largo plazo de una organización y su imagen general de cara a la opinión pública. Las empresas están ahora más centradas que nunca en encontrar formas de alinear sus estrategias corporativas con objetivos más amplios en torno a la sostenibilidad. Una vía que a menudo se pasa por alto para mejorar las políticas ESG de una organización es la gestión estratégica de los impuestos.
El valor de la fiscalidad va mucho más allá del mero cumplimiento y la optimización financiera. La fiscalidad puede ser una herramienta poderosa para promover la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gobernanza ética en cualquier organización. Desde incentivos concebidos para promover las inversiones ecológicas hasta mecanismos de información más transparentes que fomenten la confianza y la credibilidad reales, hay muchas formas de que la fiscalidad añada valor real a la estrategia ESG de una organización e impulse activamente un cambio positivo.
La fiscalidad puede influir positivamente en cada factor individual de ESG; a través de impuestos medioambientales, desgravaciones e incentivos en el factor «E» (Environmental); mediante la contribución fiscal a la sociedad y la percepción de la opinión pública en el factor «S» (Social); así como con nuevas obligaciones, riesgos fiscales y controles en el factor «G» (Governance). De hecho, según Dan Dickinson, socio de Fiscalidad y responsable de ESG e Impuestos de Grant Thornton Reino Unido, “los impuestos afectan a la estrategia ESG en su conjunto”.
Desde el punto de vista medioambiental, es probable que todas las organizaciones tengan objetivos para reducir la percepción general de los daños que su actividad empresarial causa al medio ambiente. Esto es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de si las actividades de una entidad ya se consideran muy contaminantes o no.
Del mismo modo, existe una creciente presión gubernamental y legislativa sobre las compañías para que se adapten, ya que muchos gobiernos de todo el mundo intentan mostrar avances en relación con sus objetivos económicos y acuerdos jurídicamente vinculantes sobre contaminación y emisiones. Por lo general, estas conversaciones suelen centrarse en las emisiones de carbono, pero también hay que tener en cuenta otros factores, como los plásticos no reciclables y el uso de vertederos. Para saber cómo aprovechar estos aspectos en beneficio de una organización, es importante analizar a fondo el panorama actual para tratar de determinar cómo le afectará.
Los requisitos de gobernanza a los que se enfrentan las organizaciones han aumentado considerablemente en los últimos años. Si tomamos como ejemplo el Reino Unido, encontramos en la actualidad una gran cantidad de normativas de obligado cumplimiento, como el estatuto de los altos cargos contables (Senior Accounting Officer) y la Ley de Operaciones Financieras Delictivas (Criminal Finance Act), por citar solo algunas.
Esta intensificación de la vigilancia se observa en todo el mundo: el programa de «confianza justificada» (Justified Trust) de la Agencia Tributaria australiana o el programa BEPS de la OCDE son solo dos ejemplos que ilustran la creciente atención que suscita la gobernanza fiscal en todo el mundo. Unos malos resultados pueden provocar una dura reacción de la opinión pública y un mayor escrutinio por parte de la administración fiscal, lo que acentúa aún más el valor de contar con procesos fiscales sólidos.
La sociedad nunca se había interesado tanto por los asuntos fiscales de las empresas y multinacionales, y el escrutinio no ha dejado de aumentar desde la crisis financiera mundial. Existe un claro deseo de transparencia por parte de las organizaciones, lo que ha tenido una serie de consecuencias desde el punto de vista fiscal.
Es probable que las empresas más grandes estén familiarizadas con las normas de reporte de información de cada país. Las empresas europeas se enfrentan a revisiones inminentes, contempladas en la nueva Directiva CSRD impulsada desde la Comisión Europea, que harán de dominio público muchos datos fiscales adicionales, cuya divulgación es obligatoria si la empresa alcanza un tamaño determinado.
También se ha producido un cambio significativo en el número de organizaciones que participan ahora en más iniciativas voluntarias de transparencia, que suelen incluir la divulgación de información sobre fiscalidad. Aproximadamente la mitad de las empresas del FTSE100 que cotizan en bolsa en el Reino Unido publicaron voluntariamente a principios de este año documentos sobre la contribución fiscal total junto con sus balances financieros, y es muy probable que esta tendencia se consolide a medida que aumente la importancia de que las empresas demuestren que operan de forma sostenible.
Si analizamos la situación desde un punto de vista más global, otras normas como la iniciativa Global Reporting o los índices de sostenibilidad Dow Jones se consideran cada vez más como una herramienta adicional para proporcionar más transparencia en torno a los asuntos fiscales de una empresa. Los stakeholders, como los clientes, los empleados, los inversores o los acreedores, impondrán ciertas exigencias en materia de transparencia y sostenibilidad.
Esta presión pública puede obligar a una organización a cumplir ciertas normas de divulgación de información debido a la demanda de los estos grupos de interés, tanto si alcanzan el umbral para estar obligadas a informar como si no. Por supuesto, las compañías pueden optar por no sumarse a estas iniciativas voluntarias, pero tienen que sopesar esa opción frente al impacto negativo que puede tener en su imagen pública.
Como director financiero, es importante que esté presente en los debates sobre políticas ESG, dado el valor que puede aportar. Un ejemplo sencillo es considerar las decisiones de una organización en torno a la configuración de los programas de empleo en consonancia con una estrategia ESG. Ya sea a través de la elección de fondos de pensiones, paquetes y políticas de movilidad, empleados expatriados y otros beneficios como coches eléctricos o ayudas para el aislamiento de las viviendas, como responsable fiscal puede aportar un gran valor añadido para generar un impacto positivo.
Sin embargo, es importante conocer a fondo dónde invierte más su organización en cada área (desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza). En el caso de las grandes organizaciones, seguramente deberá dirigirse al responsable de sostenibilidad, mientras que en las pequeñas se pueden extraer conclusiones concluyentes hablando con la junta directiva o los propietarios. Cuando dispongas de toda la información, podrás centrar tus esfuerzos fiscales en los aspectos más importantes y contribuir así al cambio positivo impulsado por la política general de ESG de la compañía.
