La crisis sanitaria que atravesamos cogió al Govern de la Generalitat negociando unos presupuestos, con su correspondiente ley de medidas fiscales que contemplaba alzas de impuestos. Los inesperado de la emergencia le impidió, seguramente, dar marcha atrás. Digo esto porque hay aumentos fiscales de lo más inoportunos y bien haría el Govern en revisarlos para facilitar una rápida recuperación de la economía. El mejor ejemplo es la tasa turística, que abona todo aquel que pernocta en un hotel de Catalunya y que su revisión al alza entró en vigor el pasado 1 de mayo.
Los presupuestos de este año de la Generalitat también recogen incrementos en el tramo autonómico del IRPF. Sobre todo, en las bases imponibles más elevadas, pero también en las medias con la creación de un nuevo tramo a partir de una base liquidable de 53.407 euros que tendrá un tipo del 43%, tres puntos más que ahora. Es decir, profesionales liberales y pequeños empresarios se verán afectados por una mayor carga fiscal en un momento en que el consumo se debilita. Esperemos que el gobierno central dé marcha atrás en el aumento que estaba preparando para el tramo estatal, porque de no hacerlo volvería a traernos más alzas en el IRPF hasta llevar el tipo marginal máximo al 52%, frente al 48% del actual ejercicio. Más cargas tributarias que no se hubieran aprobado en los presupuestos de la Generalitat de conocer este contexto, son las que recaen en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los descendientes verán cómo la factura impositiva se eleva a partir de un patrimonio previo de 500.000 euros y no sólo las rentas altas se verán afectadas, también la clase media sentirá esta medida cuando herede una vivienda o unos ahorros.
Para acabar, me gustaría destacar el alza impositiva que desde el 1 de mayo ha afectado a la gran empresa. Una carga tributaria en línea con la llamada fiscalidad verde, aunque en este caso el Govern aprovecha para meter en el mismo saco energéticas y telecos cuyo impacto en el medio ambiente, en el caso de estas últimas, es limitado. En definitiva, en el actual escenario económico no parece una buena idea aumentar la presión fiscal. Unos ciudadanos con dinero en los bolsillos reactivarán más fácilmente el consumo. Las empresas menos ahogadas invertirán más y crearán empleos.
Artículo publicado originalmente en el diario elEconomista
