Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado en los últimos días un conjunto de medidas fiscales destinadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos, más allá de la puesta en marcha de avales públicos para préstamos. Se trata, básicamente, de moratorias en el pago de impuestos, como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la finalización del estado de alarma.
Se ha escrito mucho sobre la calidad y cantidad de las medidas fiscales adoptadas por España, incidiendo en que, comparativamente con otros países de la UE, el paquete español de estímulos fiscales es de los menores en proporción a su PIB. Así, podría profundizarse en medidas de apoyo a las pymes – que representan el 75% del empleo–, pero también para el conjunto del tejido productivo. La deducción de los gastos incurridos por la adopción de medidas de seguridad, el teletrabajo o la cesión de activos a la administración por la crisis de la Covid-19 podría ser de buena ayuda.
Finalmente, para incidir en el empleo sería fundamental el establecimiento de incentivos al mantenimiento y creación de puestos de trabajo a través de diversas fórmulas en el IRPF y en el impuesto de sociedades o con la aplicación de deducciones. Una vez superado el impacto de la crisis sanitaria en el tejido productivo, debemos mirar ya a largo plazo para facilitar la puesta en marcha de políticas de crecimiento y creación de riqueza. Y aquí es preciso poner énfasis en una situación que, en mi opinión, es flagrantemente injusta: la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
En los últimos años, la evolución de la normativa tributaria que es competencia de las comunidades (estamos hablando sobre todo del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones) ha estado de todo menos alineada con los intereses del conjunto de los españoles. No es un secreto que, dependiendo de la comunidad de residencia, un contribuyente puede desde encontrarse exento en ambos impuestos hasta pagar cantidades absurdamente ingentes.
A modo de ejemplo, Madrid lleva ya tiempo desarrollando una política fiscal que bonifica al 100% el impuesto sobre el patrimonio y reduce al mínimo el de sucesiones (por ejemplo, entre padres e hijos es inexistente). También ha colocado el tipo autonómico del IRPF en el tramo más bajo, algo que afecta especialmente a profesionales cualificados y altos directivos. Si tomamos en consideración una herencia entre padres e hijos de un millón de euros, la diferencia de tributación puede oscilar desde los 0 euros en Madrid hasta los más de 250.000 en Aragón, Asturias o Castilla y León.
Esta crisis que ahora afrontamos y que nos acompañará un tiempo puede ser un buen momento para que el Estado redefina su política fiscal de manera que, siendo atractiva para todas las comunidades, no genere esas diferencias tan importantes. Además de un concepto de equidad ante los impuestos sería una magnífica vía para facilitar la extensión de la riqueza.
Artículo publicado originalmente en el diario La Vanguardia
