Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 11/2018, que obliga a presentar a determinadas empresas un Estado de información no financiera (EINF), que reporte datos sobre su impacto medioambiental, social, en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno, entre otros.
Desde enero, esta exigencia se amplía a empresas con más de 250 trabajadores. Un dato todavía desconocido por las compañías medianas, según la encuesta elaborada por Grant Thornton, que alerta que el desconocimiento no exime de penalizaciones a estas compañías, que podrían enfrentarse a multas de entre 1.200 a 60.000 euros.
El EINF es una obligación especialmente demandada también por inversores, consumidores y la sociedad, y se configura como uno de los principales requisitos para optar a subvenciones y otros beneficios públicos. Información que, según los expertos de Grant Thornton, requiere una mayor divulgación por parte del entorno empresarial y de la Administración Pública.
El nivel de conocimiento del Estado de Información no financiera
La sostenibilidad es uno de los activos intangibles que mayor protagonismo ha cobrado en el plano empresarial en los últimos años, tanto desde el punto de vista reputacional como normativo. En 2018, España aprobó la Ley de información no financiera y pese a haber transcurrido tres años de este requerimiento todavía cuatro de cada diez de las empresas consultadas por la firma (el 42,6%) desconocen su existencia.
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Los expertos señalan que el escaso nivel de conocimiento se debe a una cuestión de cultura empresarial. Sergi Puig-Serra, socio de la Auditoría de Grant Thornton, indica que “exceptuando las grandes cotizadas, la mayor parte de las empresas no están todavía acostumbradas a trabajar con este tipo de información. Deben instalar esta cultura de información no financiera con más formación, divulgación y, en definitiva, compromiso”.
Puig-Serra considera que “los Gobiernos deben de apostar por emprender una labor divulgativa y formativa más amplia, para una normativa de tal calado, que afecta a miles de compañías. Por esta razón, el empresariado español ha estado desnortado con esta novedad normativa”. En esta tesitura, afirma que “debemos ser nosotros los que tengamos que hacer un gran esfuerzo para ayudar a los empresarios españoles al cumplimiento y, por supuesto, a integrar la RSC en sus estrategias de negocio”.
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Jaime Romano, socio de Procesos, Eficiencia y riesgos de Grant Thornton, defiende que “esta armonización entre la integración de políticas de RSC y su exigencia legal debe sincronizarse progresivamente. Por lo que he podido contrastar de primera mano, hay muchas empresas que se autoproclaman socialmente responsables y que, sin embargo, no tienen un criterio fundamentado sobre el cumplimiento de la normativa”.
El EINF ha de entenderse no sólo como un requisito legal sino también como un punto de partida para que las empresas puedan analizar su fotografía en sostenibilidad y diversidad y establezcan los objetivos a futuro. Juan Manuel López, Director de Auditoría de Grant Thornton señala que “el informe debe ser una herramienta útil para que las empresas puedan orientar su hoja de ruta de RSC. A partir de ésta, se puede, por ejemplo, hacer una encuesta a stakeholders para identificar el gap entre lo que registran las empresas y lo que esperan de ellas sus grupos de interés”.
Obligatoriedad y rápida adaptación
En los últimos años muchas de las grandes compañías, especialmente las cotizadas, han apostado por publicar anualmente una memoria de Responsabilidad Social Corporativa. Una acción altamente efectiva para comunicar el compromiso empresarial por la sostenibilidad, pero que curiosamente han dejado de aportar un valor reputacional distintivo a medida que se ha extendido la obligatoriedad del EINF al grueso del tejido empresarial.
Sin embargo, entre la mayor parte de las empresas se desconoce todavía la consistencia del EINF y, lo más preocupante, también su obligatoriedad. Casi la mitad de las empresas medianas (el 45,2%) reconoce que desconoce esta información, y entre los que la conocen, hay una divergencia de respuestas sobre el momento de su entrada en vigor (19,2% “a partir del próximo año”; 20,2% “dentro de dos años” y 15,4% “dentro de más de tres años”.
Puig- Serra afirma que “el segmento de empresas españolas afectadas por esta nueva regulación y desconocedores de la misma, van a tener que enfrentarse a un marco de adaptación muy rápido a la hora de elaborar sus primeros informes. Un reto que requerirá la ayuda y acompañamiento de empresas avanzadas y consultores que puedan definirles la hoja de ruta”.
En este sentido, Jaime Romano asegura que “Grant Thornton puede facilitar este proceso, sirviendo de canal de comunicación entre la empresa y el legislador, para intentar dar valor a una norma que de por sí, probablemente se considere una commodity más a cumplir, sin otorgarle la verdadera relevancia que tiene en la estrategia de posicionamiento empresarial”.
El camino hacia el cumplimiento
Las empresas están llamadas a recopilar indicadores de actividad no financieros y a presentarlos con la misma calidad, veracidad y rigor que los datos económicos. La mayor regulación y la exigencia social han puesto de manifiesto la especial atención que deben prestar los empresarios a esta cuestión que sigue siendo en España una asignatura pendiente. Según el estudio de Grant Thornton, 4 de cada 10 empresas no recopila este tipo de información. Un dato preocupante si se tiene en cuenta su carácter obligatorio.
De los 6 de cada 10 que sí lo hacen, la mayoría (el 68,4%) responde que comenzaron a recopilar en el periodo que comprende desde la aprobación de la Ley en 2018 hasta hoy. Un 31,6% de los empresarios reconoce que antes de la entrada en vigor de esta normativa ya realizaban este ejercicio.
La misma tendencia se comprueba al preguntarse si elaboran el EINF o la Memoria de RSC. La mayoría, el 38,2%, desde que se aprobó la Ley. Un 18,6% ya lo hacía antes y un 43,2% reconoce que no elabora este tipo de informes.
Asimismo, una de cada tres empresas recopila esta información anualmente y casi una de cada cinco con una periodicidad mayor (cada tres meses (7,8%) y cada seis meses (10,8%)). Datos que todavía parecen estar lejos de la finalidad que pretende el legislador y la sociedad.
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Jaime Romano señala que “el empresario español, en general, no está acostumbrado a la información no financiera y hoy es un aspecto que, lógicamente, está acaparando el interés de las empresas. También comprobamos que las empresas industriales, que se centran en la fabricación de productos y, especialmente, relacionados con el medioambiente, sí que están mejor preparadas en el cumplimiento de esta Ley que, por ejemplo, las de prestación de servicios”.
La holgada mayoría de las empresas que todavía no recopilan estos indicadores (el 80,86%) afirma que prevén empezar a hacerlo en un futuro. Sobre el cuándo, una de cada tres tiene contemplado hacerlo a partir de este año o dentro de dos años.
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Sergi Puig- Serra prevé que “según analicemos las empresas que tienen entre 250 y 500 empleados comprobaremos que, efectivamente, estas recopilan menos información de este tipo. Para lograr un correcto cumplimiento en estas empresas es esencial identificar una serie de indicadores, confeccionarlos, interpretarlos y comunicarlos al mercado”.
Fortalezas y obstáculos para su elaboración
9 de cada 10 expertos señalan que la finalidad que tiene un EINF para su compañía es el cumplimiento normativo. Sin embargo, Jaime Romano matiza que “son algo más que un requisito para evitar posibles sanciones de la Administración ya que ofrecen una serie de ventajas y efectos que van más allá de la obligatoriedad normativa. Esta es la razón por la que los expertos insisten en que la divulgación debe tener una orientación más social y empresarial que meramente jurídica. Hay que intentar integrar el concepto de sostenibilidad como estrategia, con el de información no financiera como requisito normativo”.
Entre otras finalidades, destaca la contribución a la lucha contra el cambio climático (34,7%) y a contribuir a mejorar el gobierno corporativo (31,7%). El objetivo menos resaltado por los empresarios es la contribución a la prevención de riesgos (15,8%). Sergi Puig-Serra considera que “a las empresas que ofrecemos asesoramiento en temas de sostenibilidad nos toca esforzarnos en comunicar muy bien el valor añadido que puede suponerles y convertir esta exigencia en una oportunidad para generar el máximo retorno posible”.
La nueva Ley ha puesto de manifiesto las necesidades existentes en el ámbito de la responsabilidad corporativa de muchas empresas, aunque también las fortalezas de aquellas que hoy parecen estar mejor preparadas para el cumplimiento. Los empresarios consultados por Grant Thornton señalan que la principal fortaleza de sus compañías para la elaboración de su EINF es la concienciación en sostenibilidad que ya presentan los miembros de la alta dirección y los empleados y, en menor medida, la medición de indicadores medioambientales, sociales y de Gobierno corporativo que ya realizaban antes de 2018.
En la otra cara de la moneda, comprobamos que las mayores trabas para la elaboración del Informe son: la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo, el hecho de que hasta ahora no se habían medido aspectos sociales y, la paradoja, la poca relevancia que le dedica la alta dirección; aspecto que, como se ha comprobado, también se presenta como una fortaleza en el sentido inverso.
¿Quién asume la responsabilidad de su desarrollo?
La normalización de la información no financiera en las empresas presenta dos importantes desafíos: el de extender la tarea de recopilación de datos de sostenibilidad y diversidad a todas las unidades de la compañía y el de simplificar su complejo proceso de obtención.
Una de cada tres empresas consultadas en España (33,7%) afirman que el Departamento de RSC es el que se encarga ahora de esa recopilación. Les sigue la Dirección General y Recursos Humanos (con 19,8% respectivamente). El Departamento al que menos se le atribuye esta tarea es Marketing y Comunicación (7,9%). Romano sostiene que “esta tarea, que debe ser liderada por el Departamento de RSC, debe comprometer a todas las divisiones de la compañía para concienciar a todos los empleados, independientemente de la sección que procedan. Estamos hablando de un compromiso colectivo y transversal y no sólo de un mero trámite legal”. El 31,7% indica que esta información no la recopila un departamento concreto.
La complejidad que conlleva el proceso de recopilación de información obliga a empresas a apoyarse en otras compañías externas para garantizar el correcto cumplimiento y optimizar los recursos disponibles. El 12,9% de los empresarios entrevistados señalan que los informes de sus empresas los recopila un proveedor externo, frente al 65,3% que, pese a la complejidad, no recurren a los expertos. Un porcentaje correlacionado con el alto nivel de desconocimiento de las empresas en torno a esta cuestión.
Los indicadores que deben ser medidos
Los cinco ejes de los que debe dar cuenta el Estado de Información no Financiera tienen que ver con cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno e información sobre la sociedad. En definitiva, se trata de ofrecer una visión holística del impacto real que genera la actividad del tejido empresarial en el entorno.
La mayor parte de los directivos consultados siguen relacionando el Estado de Información no financiera como una herramienta necesaria para dar cuenta de los principios y normas que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno de las empresas. De hecho, el 74,3% consideran el Gobierno Corporativo como la principal temática que debe incluir estos informes, seguido de los aspectos relacionados con el medioambiente (58,4%) y cuestiones de personal (32,7%). Resulta llamativo que solo un 25,7% considera necesario incluir información relacionada con Acción Social y Beneficencia, mientras que un 24,8% reconoce que los Estados de Información no Financiera deberían incluir los avances relacionados con los Derechos Humanos.
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Romano considera que “esto tiene sentido por el carácter trascendental que comporta el Gobierno corporativo para el cumplimiento de estos objetivos y la evidente involucración que éste reclama a la alta dirección. Los directivos deben garantizar el funcionamiento del Compliance, pero no exclusivamente. Resulta imprescindible para la credibilidad y buena evolución de las compañías mostrar una posición clara y rotunda en materia de medioambiente, diversidad y Derechos Humanos”.
Pese al interés que muestran los directivos por las materias relacionadas con Gobierno Corporativo, cuando se les pregunta por los indicadores no financieros que miden en la actualidad, se comprueba que son los ítems de índole social y medioambiental a los que más se atiende. La mitad de las variables que contabilizan las empresas (51,7%) tienen que ver con aspectos relacionados con la plantilla, mientras que un 37,8% miden recursos y consumos de impacto medioambiental.
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Puig-Serra sostiene que “las empresas deben diversificar este compromiso atendiendo a diversas variables, aunque no siempre es fácil identificarlas. Por ello, es necesario aplicar una metodología de identificación, recopilación, seguimiento y actualización de indicadores no financieros para elaborar un informe completo, riguroso y transparente”.
Planes de sostenibilidad complementarios
Una de las claves que extraen los expertos en información no financiera es que las empresas más comprometidas socialmente, lo están muy especialmente a nivel interno. Un desafío que resalta tras la entrada en vigor de la Ley es la necesidad de exteriorizar ese compromiso tradicionalmente vinculado principalmente a empleados.
Esta tendencia va en línea con las conclusiones del estudio de Grant Thornton que muestra que el 66,2% de los planes o medidas que realiza la empresa en esta materia son internas. Las más aplicadas son: planes de igualdad (38,6%), código ético o de conducta (35,6%) y protocolos contra el acoso laboral (34,7%). El plan de formación para empleados es una excepción, ya que sólo el 16,8% de las empresas lo dispone. Respecto a las acciones externas, la que más destaca de manera notable es el plan de RSC, aplicado por casi seis de cada diez empresas (57,4%).
En este sentido, Romano indica que “es habitual que la RSC se presente en las empresas con planes parciales o más centrados en otras actividades de posicionamiento en marketing, como actividades solidarias, aportaciones a ONG’s, etc., que a verdaderos planes integradores de actividades de RSC”.
El estudio revela, además, que los Objetivos de Desarrollo sostenible que más atienden las empresas son: Igualdad de género (46,5%), Trabajo decente y crecimiento económico (39,6%) y Salud y Bienestar (28,7%). El que menos, el fin de la pobreza (5%).
Puig-Serra señala que “este gap entre planes internos y externos se produce sobre todo en las Pymes, que no disponen de departamentos de RSC como tal y no tienen una estrategia integrada y estructura delimitada referente a estos temas. Falta, en definitiva, mayor formación y divulgación para interiorizar que este compromiso es transversal y cumple con unos fines colectivos, más allá de las empresas. Debemos comprometernos”.
Los expertos señalan que el escaso nivel de conocimiento se debe a una cuestión de cultura empresarial. Sergi Puig-Serra, socio de la Auditoría de Grant Thornton, indica que “exceptuando las grandes cotizadas, la mayor parte de las empresas no están todavía acostumbradas a trabajar con este tipo de información. Deben instalar esta cultura de información no financiera con más formación, divulgación y, en definitiva, compromiso”. 
Jaime Romano, socio de Procesos, Eficiencia y riesgos de Grant Thornton, defiende que “esta armonización entre la integración de políticas de RSC y su exigencia legal debe sincronizarse progresivamente. Por lo que he podido contrastar de primera mano, hay muchas empresas que se autoproclaman socialmente responsables y que, sin embargo, no tienen un criterio fundamentado sobre el cumplimiento de la normativa”. 
