Desde el plano político, la Vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha anunciado que solicitará a Bruselas el pago del tercer desembolso antes del 11 de noviembre. Recientemente han aparecido diversas noticias relativas al posible riesgo de que la Comisión Europea congele la próxima transferencia de fondos, al haber incumplido supuestamente uno de los hitos básicos: la implantación de un sistema de auditoría y control del reparto del dinero (concretamente se trata del hito número 173 del Plan de Recuperación y Resiliencia, en el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se comprometía a tener montado el sistema informático para el seguimiento y control del plan, para el último trimestre de 2021).
Como es lógico, en este contexto de incertidumbre vuelve a cobrar especial relevancia el refuerzo del papel de la auditoría como mecanismo de control y verificación del MRR. Lo primero que debemos recordar, es que gran parte de los fondos Next Generation están dirigidos a proyectos de inversión privada, sometidos a una serie de requisitos de obligado cumplimiento, que se recogen en las ordenes de convocatoria y/o en las resoluciones de concesión. Las empresas privadas deben aceptar dichos compromisos, y comprender las obligaciones a las que se comprometen antes de su firmar. Comprender el alcance de las obligaciones a las que se comprometen al aceptar las ayudas, resultará esencial para su posterior acreditación correctamente y evitar problemas ante eventuales controles de los órganos competentes.
Si bien es cierto que hay muchos escalones y niveles de control dentro de la Administración Pública, los mecanismos control y verificación no son nuevos, pero sí necesarios para asegurar el correcto uso y disfrute de las ayudas, sobre la base del marco regulatorio vigente.
En segundo lugar, es importante subrayar el carácter público de los fondos. Este carácter público, pone de manifiesto la relevancia de contar con procesos de control y de auditoría transparentes, donde una buena gestión financiera por parte de las empresas marcará la diferencia en la optimización de los fondos concedidos.
En este punto, los expertos coinciden en señalar la necesidad que tienen las empresas de desarrollar experiencia y capacidad para solicitar las ayudas, ya sea a través de conocimiento interno en plantilla o a partir de ayuda experta de empresas especializadas en este asesoramiento. En su camino hacia la recuperación y el crecimiento, las empresas deben ser capaces de adaptarse a las exigencias regulatorias, así como demostrar una capacidad madura de gestión, de auditoría o de trazabilidad de su negocio y sus operaciones.
A nivel europeo, es necesario recordar que una de las condiciones clave de algunos de los Estados miembros para aprobar el enorme desembolso de los fondos fue precisamente el de reforzar los mecanismos de control sobre la tramitación y destino de los fondos. Como respuesta a estos requisitos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español recoge un marco específico de control e información, que consta de dos pilares fundamentales: por un lado, un sistema de control distinto al de los anteriores fondos estructurales (en esta ocasión, el objetivo va más encaminado a asegurar la fiabilidad de los hitos y objetivos, además de prevenir irregularidades, por ejemplo, las relativas al fraude); y por otro, se basa en los mecanismos de control con los que ya cuenta la Administración Pública, pero adaptados y encaminados a la protección de los intereses financieros de la UE.
Estamos, por tanto, ante un claro concepto de supervisión, gestión, revisión y seguimiento integral, que garantice las mejores prácticas de control en términos globales. La figura de la auditoría, tanto a nivel nacional sobre las empresas beneficiarios, como desde los órganos de control europeos en su misión de supervisión con respecto a los Estados miembros, ejerce una influencia notable y directa en la obtención de estas ayudas. El sentido de esto radica en que cuanto más profundo sea el proceso de verificación de requisitos para la financiación, mayores garantías de cumplimiento se estarán depositando en el tejido empresarial y en el correcto aprovechamiento de los fondos percibidos.
En definitiva, la función ejecutiva vinculada a la auditoría resulta primordial en el avance de la asignación y reparto de los fondos previstos al Estado español, y es una de las principales herramientas para garantizar la reducción de riesgos a las empresas y consecuentemente a su solidez estructural a futuro.
