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Impactos de la Ley Ómnibus en ASG y el mercado único

Sergi Puig-Serra
Por:
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La propuesta de Ley Ómnibus de Simplificación de la Comisión Europea, cuyo texto definitivo se presentará el 26 de febrero de 2025, representa un punto de inflexión en la arquitectura regulatoria de la Unión.
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Esta Ley está diseñada para reducir la carga administrativa en un 25% para grandes empresas y un 35% para pymes, esta reforma busca equilibrar la ambición climática del Pacto Verde con la necesidad de impulsar la competitividad frente a potencias como Estados Unidos y China. Sin embargo, su enfoque en la flexibilización de normas clave como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) y la Taxonomía Europea ha generado advertencias unánimes de inversores institucionales y organizaciones civiles sobre riesgos de regresión en estándares ambientales y sociales.

 

Contexto regulatorio y objetivos de la Ley Ómnibus

El impulso de la Ley Ómnibus se enmarca en las conclusiones del Informe Draghi sobre la Competitividad Europea, que identificó la complejidad regulatoria como un lastre para la inversión y la innovación. Según este diagnóstico, mientras la UE lideraba en estándares ASG, su marco normativo había devenido en un "entramado denso" que desincentivaba la actividad empresarial. La Comisión responde así a presiones de Estados miembros como Alemania y Francia, que reclaman una "pausa regulatoria" para evitar pérdidas de cuota de mercado frente a economías con modelos más flexibles. El paquete incluye tres ejes de acción:

Fusión de requisitos de la CSRD y la Taxonomía en un marco único, eliminando duplicidades y reduciendo indicadores obligatorios.

Introducción de una nueva categoría de "empresas de mediana capitalización" con requisitos intermedios entre pymes y grandes corporaciones.

Plataformas centralizadas para gestión de datos ASG, con interoperabilidad transfronteriza.

 

Impacto en los estándares de sostenibilidad y transparencia

La flexibilización de los criterios de reporte bajo la CSRD podría reducir la comparabilidad de datos entre empresas.

Organizaciones como la Plataforma por Empresas Responsables alertan que estos cambios facilitarían el greenwashing, especialmente en cadenas de suministro globales donde ya se documentan violaciones a derechos laborales y ambientales.

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¿Qué impacto tendrá la nueva Ley?

Este artículo da respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Qué es la Ley Ómnibus y a quién afecta?

  • ¿Qué implicaciones normativa trae consigo?

  • ¿En qué contexto geopolítico nace esta Leu?

División entre Estados miembros

España, junto a países nórdicos, lidera un bloque que rechaza "pasos atrás" en regulación verde, temiendo erosión del liderazgo climático de la UE. En contraste, el eje franco-alemán presiona por mayor flexibilidad, alegando que el 40% de las empresas manufactureras europeas pierden contratos frente a competidores asiáticos con menores exigencias ASG.

 

Paradojas burocráticas

Pese a su retórica antirregulatoria, la Ley Ómnibus instituye nuevos organismos como el Grupo Asesor de Simplificación, cuyas funciones y composición permanecen ambiguas. Expertos jurídicos prevén que esta ambigüedad derivará en litigiosidad y demandas por indefensión, aumentando costes legales en lugar de reducirlos.

 

Conclusión: Un equilibrio incierto entre agilidad y ambición

La Ley Ómnibus cristaliza la tensión entre dos visiones de la UE: como potencia regulatoria basada en valores ASG versus como bloque económico pragmático. Su éxito dependerá de mecanismos de salvaguarda que hoy parecen insuficientes, como los "controles dinámicos" de la plataforma digital única. Mientras inversores piden garantías de que la simplificación no será sinónimo de regresión, la Comisión enfrenta el desafío de demostrar que es posible ser ágil sin dejar de ser ejemplar. Los próximos meses definirán si esta reforma fortalece o fractura el modelo económico europeo.