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La Agencia Tributaria Española ha presentado recientemente los datos estadísticos de las multinacionales españolas que obtuvo en 2017 a través del modelo 231 de declaración de información País por País (o CbC en inglés) y que presentaron respecto del ejercicio 2016 las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a 750 millones de euros para el conjunto de entidades que formen parte de su grupo.

Las últimas propuestas de la OCDE sobre la imposición tributaria en las empresas digitales se alejan de la radical hoja de ruta propuesta en mayo y se acercan a la declaración política presentada en enero, proponiendo una modificación en el reparto del beneficio residual y un análisis comparativo para los beneficios llamados “beneficios rutinarios” bajo el modelo de Profit Split de precios de transferencia.

El pasado viernes el gobierno gallego presentó, junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Galicia para el año 2020, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. En este proyecto de ley se proponen una serie de reformas que afectan notablemente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Las empresas reticentes a la introducción de medidas unilaterales en los distintos países de la UE tienen cada vez menos esperanzas – la mayoría de los países ya han empezado a actuar.

La creciente complejidad del entorno jurídico, derivada de los importantes cambios en el entorno regulatorio acontecidos en los últimos años, ha hecho que el área legal se haya convertido en un elemento clave para la gestión de los riesgos corporativos. Esto ha llevado a que cada vez más empresas del middle market español amplíen e intensifiquen el asesoramiento legal especializado, con el objetivo de afrontar la complejidad legislativa creciente.

El pasado viernes 17 de mayo de 2019 se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, del 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, norma que entró en vigor hace ya 2 años, en concreto, el 13 de mayo del 2017.

Las reestructuraciones son siempre proyectos en los que la definición de la estrategia, los objetivos y los procedimientos a seguir son determinantes a la hora de lograr el éxito de la operación. Como empresa, se ha de tomar especial cautela en el cumplimiento de los requerimientos legales. Sin embargo, nuestra normativa en materia de despidos colectivos deja un amplio margen a la interpretación de forma y manera que son los tribunales los que están concretando la forma correcta de actuación a la hora de proceder a despedir a un volumen importante de trabajadores.

En el presente artículo queremos hacernos eco de una calificación reciente emitida por uno de los Registradores del Registro Mercantil de Madrid relativa a la posibilidad de celebrar juntas universales de socios por escrito y sin sesión. La controversia en relación con la celebración de juntas universales de socios siguiendo este procedimiento no es en absoluto novedosa. Actualmente, el procedimiento de celebración de reuniones por escrito y sin sesión sólo encuentra amparo legal en la Ley de Sociedades de Capital y para reuniones del consejo de administración.

El secreto empresarial, finalmente, goza de una regulación adecuada en nuestro país. Acaba de entrar en vigor (desde el pasado 13 de marzo) la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante referida como la “Ley”), que traspone, con un ligero retraso respecto al plazo previsto, la directiva europea sobre la materia que dejaba cierto margen de regulación a los Estados miembros. Y ciertamente, la nueva Ley introduce algunos elementos que, al menos a primera vista y a la espera de ver su aplicación en el tráfico jurídico habitual, pueden ser útiles para proteger los secretos empresariales.

La Ley sobre determinados servicios digitales implica un tipo del 3% a los ingresos brutos, no netos, sin posibilidad de deducción, sobre determinadas actividades llevadas a cabo por empresas del sector digital cuando dichos ingresos estén vinculados a la participación de usuarios situados en territorio español.

El pasado 29 de diciembre de 2018 fue publicada en el BOE la Ley 11/2018, de 28 de diciembre por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la Ley de Auditoría de Cuentas.

La cuestión ya no es si blockchain tendrá un efecto disruptivo sobre el sistema tributario, sino hasta dónde llegará, con qué rapidez lo hará y cómo asegurarse de que su empresa avance al mismo ritmo. Dejando de lado el ruido que se ha generado en torno a esta tecnología, ¿qué efecto tiene blockchain para su empresa en materia de gestión y cumplimiento tributario? ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades? ¿Cómo puede empezar a prepararse para los cambios que se avecinan?