La economía española ha protagonizado en las últimas cuatro décadas un extraordinario proceso de modernización. De estos años de historia económica, ya más de la mitad han transcurrido como parte de la moneda única. Haber formado parte del euro desde su creación ha contribuido de manera decisiva a que el balance de estos cuarenta años para la economía española sea positivo.
Remontándonos a los inicios de la democracia, la Constitución de 1978 supuso un hito fundamental en el desarrollo económico español. Mediante el reconocimiento explícito de principios democráticos basados en una economía de mercado y libre competencia, la Constitución sentó las bases para una profunda transformación económica. Los primeros años de la democracia vinieron acompañados de dificultades económicas en gran parte derivadas del legado de crisis internacionales asociadas a fuertes subidas del precio del petróleo y al desanclaje de las expectativas de inflación en la mayoría de los países desarrollados.
En ese contexto, la entrada de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, y posteriormente a la Unión Económica y Monetaria en 1999, no vino sin desafíos. Durante los primeros años en particular las debilidades inicialmente latentes en la estructura institucional europea y los desequilibrios macroeconómicos y financieros acumulados hasta entonces se manifestaron ya dentro de un marco monetario común.
Pero incluso con esas dificultades, la Unión Europea en general, y la Unión Monetaria como parte fundamental de ella, han sido imprescindibles para el desarrollo de la economía española, y así lo corroboran las estadísticas. El crecimiento anual de la renta per cápita entre 1977 y 1985 se mantuvo muy por debajo de la media de los países de la zona euro (0.7% respecto al 1.8% en la zona euro). Sin embargo, tras la incorporación a la Comunidad Económica Europea, España creció a un ritmo visiblemente superior al de otros países de la zona euro. Entre 1986 y 1998 la renta per cápita aumentó en España a un ritmo anual excepcional del 2.7%, mientras que en los países de la zona euro lo hizo a una tasa media del 2.1%.
Además, las ventajas de pertenecer a una unión aduanera y monetaria, y en particular a un mercado único europeo, permitieron a España intensificar de forma extraordinaria su apertura hacia el exterior, tanto en términos de flujos comerciales como financieros y movimientos de capital. El peso conjunto de las exportaciones e importaciones sobre el Producto Interior Bruto (PIB) pasó de aproximadamente 35% en 1985 a 67% en 2018. Los beneficios para el tejido empresarial de la apertura de los mercados hacia el exterior son indiscutibles, y las empresas españolas han sido testigo de ello a lo largo de este periodo.
Aunque la Gran Crisis Financiera trajo consigo una fuerte corrección de los desequilibrios macrofinancieros por medio de una devaluación interna para restaurar la pérdida de competitividad, el crecimiento del PIB per cápita de España desde 1999 ha estado por encima de los niveles de la media europea, y muy por encima de los niveles alcanzados durante los primeros años de democracia.
Pero las ventajas de pertenecer a la Unión Monetaria Europea no se quedan ahí. Como segunda moneda más importante dentro del Sistema Monetario Internacional, el euro conlleva grandes beneficios para la economía española.[1] Su frecuente uso en la facturación con clientes de fuera de la zona euro, por ejemplo, permite reducir la exposición de los ingresos a las fluctuaciones en los tipos de cambio en esas operaciones, beneficiando al sector empresarial. Asimismo, la alta credibilidad monetaria asociada a la pertenencia a la zona euro ha permitido a las empresas y hogares españoles beneficiarse de menores tipos de interés reales, menores tasas de inflación y menor volatilidad macroeconómica, lo que ha facilitado la planificación de las empresas y estimulado las inversiones productivas.
Sin embargo, no hemos de obviar que quedan aún por resolver importantes problemas estructurales. España tiene hoy una tasa de desempleo superior al 15%, y una tasa de paro juvenil por encima del 30%. Estas cifras reflejan la dureza de la reciente crisis, y, aunque se han visto grandes mejoras desde entonces, son también un recordatorio de que la fragilidad del mercado laboral sigue siendo una asignatura pendiente para España. Es por ello necesario avanzar en el proceso de modernización e incrementar la productividad y competitividad empresarial.
Tras el colapso del PIB en los duros años de recesión de los periodos 2008-2009 y 2012-2013, España ha venido creciendo a un ritmo medio anual del 2.7% en los últimos cinco años, muy por encima de la media europea. Han sido los años del apodado “milagro exportador español”. Recientes estudios muestran que más allá de reflejar los frutos de la devaluación interna de los salarios y precios como consecuencia de las políticas de ajustes de los años de crisis, el crecimiento de las exportaciones obedece a un proceso de búsqueda y apertura de nuevos mercados por parte de las empresas españolas ante la caída de la demanda interna. Debe ser motivo de orgullo el constatar hoy, tras cuatro décadas de constante evolución de la economía, que contamos con numerosas empresas españolas que son líderes mundiales en sus sectores.
E igualmente también quedan retos por afrontar en el contexto europeo. Para facilitar la financiación empresarial resulta imprescindible culminar la unión bancaria y de mercados de capitales. Además, es necesario fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas, fomentando políticas fiscales que favorezcan el funcionamiento y la convergencia en la zona euro.
Los últimos cuarenta años han traído modernidad y prosperidad a España. Y ello ha estado indisolublemente ligado al proceso de integración europea, gracias al cual la economía española es más fuerte y está más protegida frente a la incertidumbre y desafíos globales. El apoyo entusiasta de la sociedad española al proyecto europeo es la mayor garantía de que sabremos cómo afrontar estos retos.
[1] Véase “The international role of the euro” ECB interim report, June 2018.